Mediante la Ley 31897, se deroga la Ley 31876 que regula la ejecución de obras por administración directa a nivel nacional

Congreso aprueba por amplia mayoría la eliminación de la regulación de obras por administración directa.

Luego de intensos debates y una votación histórica, el Congreso de la República ha aprobado la derogación de la Ley 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Esta decisión ha sido respaldada por una amplia mayoría de 106 congresistas, mientras que 7 se abstuvieron de votar.

La derogación de esta ley era una demanda urgente por parte de los gobernadores regionales y alcaldes de todo el país, quienes manifestaron su rechazo a través de una movilización masiva el pasado 5 de octubre. En esa ocasión, los representantes de diversas regiones se unieron en el Congreso para expresar su preocupación y exigir la anulación de la Ley 31876.

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, César Revilla Villanueva, fue el encargado de sustentar el dictamen que respaldaba la derogación de la ley. En su intervención, hizo hincapié en la importancia de eliminar cualquier limitación en la ejecución de obras por administración directa a cargo de los gobiernos regionales y locales.

La votación a favor de la derogación refleja el respaldo contundente de la mayoría de los congresistas a la demanda de los gobernadores y alcaldes. Con esta medida, se busca eliminar trabas burocráticas y agilizar el proceso de ejecución de obras, permitiendo a las autoridades locales tener mayor autonomía en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Es así que, mediante la Ley Nº 31897, publicada el 17 de octubre de 2023, se dispuso derogar la Ley 31876, que regulaba el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional.

La derogación de esta ley implica que todas las disposiciones y normativas que estaban en concordancia con ella quedan sin efecto. Quedando de esta manera la Resolución de Contraloría 195-88-CG, como vigente.

La derogación de la Ley 31876 ha generado diversas reacciones entre los actores involucrados en el sector de la construcción y la administración pública. Algunos expresan su apoyo a esta decisión, argumentando que permitirá simplificar los procedimientos y agilizar la ejecución de obras. Sin embargo, otros plantean preocupaciones sobre posibles incertidumbres y ajustes necesarios para adaptarse al nuevo marco normativo.

Se espera que esta medida tenga un impacto positivo en la agilización de los procesos, la optimización de los recursos y la generación de empleo en el sector de la construcción. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la necesidad de establecer mecanismos de control y fiscalización adecuados para garantizar la transparencia y evitar posibles casos de corrupción.

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